Nessrin El Hachlaf: «La comunidad migrante LGTBI todavía tiene por delante un largo recorrido para acceder a sus derechos en plenitud»

Casa Mediterráneo participa en la Semana del Orgullo de Alicante, en colaboración con Alicante Entiende, con la celebración de la charla-coloquio “La defensa de los derechos LGTBI: contrastes y realidades en ambas orillas” el próximo miércoles 12 de julio a las 19:30 horas. La mesa contará con los testimonios de Nessrin El Hachlaf Bensaid, abogada experta en materia de migraciones y refugio LGTBI y responsable del área jurídica de la asociación Kifkif; Mahmoud Assy, activista de derechos humanos de origen egipcio, fundador y CEO de la consultora de diversidad, equidad e inclusión Eufonía Diversity, y José Ramón Samper, coordinador de Alicante Entiende. La charla comenzará con una introducción a cargo del director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, y estará moderada por Francis Pachá, periodista del Grupo Prisa en El País. El evento es de entrada libre hasta completar aforo y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de Casa Mediterráneo.

Según el Índice Rainbow Europe que elabora anualmente la organización ILGA-Europe, España se sitúa en el cuarto puesto de 49 países europeos en cuanto a la protección de los derechos de las personas LGTBI. “Debido a ese reconocimiento de derechos, uno de los destinos de quienes buscan protección internacional cuando deciden emprender el viaje para escapar del país de origen o de residencia que les oprime suele ser España”, señala Nessrin El Hachlaf. No obstante, “luego, la realidad es bastante distinta, porque España es uno de los países que menos solicitudes de protección internacional por régimen general concede en Europa y, prácticamente, en el mundo”, señala la abogada, produciéndose “una contraposición, un choque de realidad entre el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI y del colectivo migrante”.

Nessrin lamenta además que en España, en el último año, los incidentes por delitos de odio a la comunidad migrante del colectivo LGTBI se han incrementado más de un 120%. “No es lo mismo ser una persona gay, blanca, del barrio de Salamanca o de cualquier otro barrio residencial de alto standing de Madrid, de Barcelona o de otra comunidad autónoma que ser una persona migrante, como una mujer trans, racializada negra, que viene solicitando protección internacional”, afirma. A juicio de esta abogada, «la comunidad migrante LTGBI todavía tiene por delante un largo recorrido para acceder a sus derechos en plenitud», en un contexto en el que proceso de solicitud de protección internacional es arduo, al implicar “un periplo jurídico de meses e incluso años de procedimiento administrativo, burocracia y racismo institucional, que desgasta no sólo física, sino también emocional y psicológicamente, a cualquier persona que huye de una situación de violencia en su país de origen”.

En cuanto al perfil de quienes acuden a su despacho, a la asociación Kifkif en la que colabora o al servicio de orientación jurídica gratuita de la Comunidad de Madrid, El Hachlaf cuenta que es muy variado. “Son personas procedentes de América Latina, del África subsahariana y de la cuenca mediterránea, de países como Túnez, Argelia y todos aquellos donde quizás no haya leyes que condenen de manera taxativa la pertenencia al colectivo LGTBI, pero donde la propia sociedad, el entorno académico, laboral y el familiar en muchas ocasiones se encarga de rechazarlo”, afirma. Por consiguiente, la huida del país de origen o la necesidad de protección internacional no se debe sólo a que existan unas leyes contrarias al colectivo, sino también a la persecución que se produce directamente de los entornos más cercanos.

Mapa de ILGA-Europe sobre los derechos de las personas LGTBI en Europa.

Nessrin explica que desde Kifkif “ofrecemos asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso de protección internacional, desde la primera solicitud hasta el final de éste. En Madrid, apunta, la primera traba es obtener la cita inicial. “Cuando una persona llega a España, no suele saber que tiene derecho a solicitar protección internacional. La Ley de Asilo y Refugio determina que la petición de protección internacional se tiene que hacer, o bien en la misma frontera o bien en un período de 30 días desde que se entra en el territorio, algo que -según asegura- casi nunca se cumple». La razón principal es que cuando una persona entra en España, una vez que tiene conocimiento de sus derechos, empieza una lucha por conseguir esa primera cita, que se solicita a través de la página web de la administración o de unos números de teléfono que ésta facilita. Sin embargo, “tanto las citas telefónicas como telemáticas están totalmente ‘secuestradas’ por grupos o personas que impiden que el común de los mortales pueda acceder a ellas, de modo que se tarda una media de entre tres y seis meses en conseguirlas”.

La primera cita consiste en una entrevista donde se relatan los motivos para solicitar la protección internacional, se aportan las pruebas que los acrediten y se les da a los solicitantes una tarjeta blanca, con un número de NIE, una fotografía y datos básicos. A partir de ese momento, estas personas ya están protegidas, al tener derecho a permanecer en el territorio, a no ser expulsadas. Pero entre esos derechos no se encuentra, por ejemplo, el acceso al mercado laboral, lo que supone que esas personas no pueden trabajar hasta que pasan seis meses desde la obtención de la tarjeta blanca. “Es una locura, porque la mayoría no dispone de 6.000 o 10.000 euros para poder vivir en España sin tener que trabajar”, lamenta la letrada.

[su_animate type=»bounceInLeft» delay=»0.5″][su_quote]No te puedes imaginar la carga emocional que vive el solicitante de protección internacional por motivos de orientación sexual e identidad de género durante un mínimo de un año y medio hasta tres años, hasta que se le reconoce el derecho a la protección subsidiaria por razones humanitarias.[/su_quote][/su_animate]

Pero las trabas no acaban ahí. El Hachlaf detalla que conseguir una segunda cita, pasados seis meses, para renovar la tarjeta blanca y obtener una tarjeta roja con el fin de poder acceder al mercado laboral es otro complejo periplo. “Durante todo ese proceso, los solicitantes se encuentran inmersos en un limbo jurídico para conseguir un alquiler, acceder al paquete de ayudas, tener derecho a la sanidad y otros muchos derechos que se ven limitados. No te puedes imaginar la carga emocional que vive el solicitante de protección internacional por motivos de orientación sexual e identidad de género durante un mínimo de un año y medio hasta tres años, hasta que se le reconoce el derecho a la protección subsidiaria por razones humanitarias. Eso, en el mejor de los casos cuando se le reconoce. Porque, insisto, España es uno de los países que menos solicitudes de protección internacional reconoce”.

En la charla organizada por Casa Mediterráneo, Nessrin revela que su principal objetivo será transmitir la realidad de la comunidad migrante LGTBI. “Una realidad que hoy en día los medios de comunicación y determinados partidos políticos de extrema derecha ponen en duda a través de las noticias falsas o de los bulos que están, no solamente invadiendo la sociedad y las redes sociales, sino también empapelando las calles. Y nuestro objetivo como entidad es desmentir esa imagen y dar a conocer la verdadera realidad de los migrantes, exponiendo que no son personas que vienen aquí a quedarse con las ayudas, ni que tienen derecho a éstas inmediatamente, sino que la situación que viven es muy distinta, muy complicada, y que no es una decisión fácil romper con todo para ir a un país totalmente ajeno”, afirma. En el caso concreto de la cuenca del Mediterránea, incide en que estas personas vienen sin conocer el idioma, a una cultura y un entorno totalmente distinto al suyo.

Su organización, además, pone en tela de juicio el sistema actual de protección internacional, por la tardanza a la hora de conceder la primera cita y en resolver los casos, así como por el porcentaje tan ínfimo de resoluciones favorables. Asimismo, denuncia el aumento de las agresiones, tanto físicas como verbales, y los ataques a través de las redes sociales. “Nos estamos encontrando situaciones macabras en sitios como Telegram, Instagram, TikTok y Facebook, donde se están creando grupos para la caza del inmigrante gay. Esto es algo que no se puede permitir y se tiene que dar a conocer a la sociedad para que se quite la venda de los ojos y vea la necesidad de reconocer derechos humanos fundamentales a este colectivo por motivos de orientación sexual y de género”, concluye.