Desde que hace once meses estallara la guerra de Gaza, ya han perdido la vida más de 40.900 palestinos, la mayoría mujeres y niños, alrededor de 95.000 han resultado heridos y unos 10.000 se encuentran desaparecidos. Además, la escasez de alimentos, agua potable, medicinas y de todo tipo de recursos básicos incrementan día a día las dificultades de la población y el número de víctimas. El conflicto, que se desencadenó tras el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra Israel, en el que murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles, y 245 fueron secuestradas -más de 30 de las cuales han muerto-, continúa su escalada de muerte y destrucción.
Pese a la creciente presión internacional y las protestas de los familiares de quienes siguen secuestrados, los ataques no cesan. ¿Qué escenario les espera a los palestinos cuando el conflicto llegue a su fin? Este interrogante tratará de dilucidarse el próximo jueves 19 de septiembre a las 19 horas en Casa Mediterráneo, en un acto que contará con destacados expertos en la cuestión palestina: Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la UCM, y Sonia Boulos, profesora titular de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad Antonio de Nebrija. El evento, moderado por Paqui Santonja, asesora principal de Casa Mediterráneo, es abierto al público hasta completar aforo y con emisión online.
Como anticipo al encuentro, entrevistamos a Sonia Boulos para conocer su análisis de la situación de los derechos humanos en este complejo conflicto.
El conflicto en Gaza sigue un patrón de acción – reacción. Para acabar con la guerra y liberar a los rehenes israelíes, el primer ministro de Israel tendría llegar a acuerdos que podrían poner fin a su gobierno. Netanyahu se niega a la creación de dos Estados: Israel y Palestina, como solución a un conflicto enquistado en el tiempo. ¿Esta solución cree que es viable en la actualidad?
El reconocimiento y la realización del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino no deben depender de lo que Netanyahu desee. En su reciente opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia dejó en claro que la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza es ilegal. Subrayó que esta ocupación ilegal viola normas imperativas del derecho internacional, incluido el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, la prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza y algunas obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Estas obligaciones se conocen como obligaciones “erga omnes” y todos los Estados tienen interés en respetarlas en todas partes.
Por ello, la Corte declaró que todos los Estados deben cooperar con Naciones Unidas, es decir, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, para poner en práctica las modalidades necesarias para asegurar el fin de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado y la plena realización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. El tribunal también pidió a todos los Estados que no reconocieran como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado, que no prestaran ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado y que, en sus relaciones con Israel, hicieran una distinción entre el territorio de Israel y el territorio palestino ocupado. Si los Estados, especialmente los occidentales, se toman en serio sus obligaciones y exigen responsabilidades a Israel por su violación de los principios básicos del derecho internacional, no hay razón para que la realidad política no cambie.
Turquía se ha unido recientemente a Sudáfrica en el caso contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Se acusa a Israel de incumplir la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio en sus operaciones militares en Gaza. No obstante, Israel niega las acusaciones de genocidio y defiende sus operaciones militares como legítimas respuestas para eliminar a Hamás tras los ataques del pasado 7 de octubre. Los hechos muestran que en los últimos 11 meses más de 40.900 palestinos han sido asesinados en Gaza y decenas de miles han resultado heridos. Pese a las presiones internacionales para un alto el fuego y el fin de la guerra, ¿hay indicios de que Israel vaya a cesar este tipo de ataques que día a día están matando a la población civil?
Las afirmaciones de Israel de que su guerra apocalíptica contra Gaza es un acto de legítima defensa no son nuevas. Distinguidos expertos de estudios de genocidio, como Dirk Moses, han destacado cómo el derecho a la legítima defensa ha desempeñado un papel fundamental en la expansión imperial occidental. Siempre que los colonos sentían que su supervivencia estaba en peligro, emprendían represalias masivas contra los pueblos “nativos”, incluidos los no combatientes. Matar inocentes era permisible como efecto secundario del ejercicio de su derecho a la legítima defensa.
Lo que está sucediendo en Gaza es una mancha moral para la comunidad internacional; no estamos hablando de violencia colonial del siglo XVI, estamos hablando de la violencia que se está cometiendo en directo cuando esta violencia está prohibida por varias normas centrales del derecho internacional. El tribunal internacional más alto ha considerado plausible la acusación de que Israel está violando los derechos de los palestinos en virtud de la Convención sobre el Genocidio. El hecho de que este hallazgo no haya conducido a la imposición de un embargo de armas a Israel es más que reprensible.
¿La estrategia de Israel para exterminar a Hamás le está funcionando? ¿Aniquilando a la población civil palestina, no se alimenta el odio hacia los israelíes?
Las preocupaciones de seguridad de Israel, que son amorfas, han justificado desde hace mucho tiempo la creación de una excepción para pasarle por alto los derechos del pueblo palestino. Estoy totalmente de acuerdo con el juez Tladi de la CIJ cuando hizo hincapié en que, al abordar las preocupaciones de seguridad, hay que recordar que todos los Estados, y no sólo Israel, tienen intereses de seguridad. Esto incluye a Palestina. A menudo, cuando se alega que hay “preocupaciones de seguridad”, es como si sólo Israel tuviera preocupaciones de seguridad o como si, de algún modo, las preocupaciones de seguridad de Israel prevalecieran sobre las de Palestina. Los intereses de seguridad como tales, por muy serios o legítimos que sean, no pueden prevalecer sobre las normas del derecho internacional.
Por lo tanto, el éxito de Israel en la derrota de Hamás o no, no puede evaluarse independientemente de la evaluación de la legalidad de sus operaciones. Como profesora de derecho internacional, no es mi trabajo hablar de emociones. Hablo de agravios, y no tengo ninguna duda de que la violencia apocalíptica de Israel en Gaza sólo va a dar una nueva dimensión a los agravios históricos del pueblo palestino en general y de los habitantes de Gaza en particular.
En enero, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel abstenerse de actos que pudieran violar la Convención contra el Genocidio y asegurar que sus tropas no cometieran actos de genocidio contra los palestinos. Además, en mayo instó a que Israel detuviera la ofensiva militar planeada en la provincia de Rafah y garantizara el acceso a la ayuda humanitaria en el cruce fronterizo con Egipto. ¿Ambas peticiones han tenido algún efecto?
Lamentablemente, las medidas provisionales indicadas por el tribunal no tuvieron un efecto inmediato en términos de detener la ofensiva militar de Israel. En parte, esto se debe a la falta de voluntad política, especialmente por parte de los países occidentales, para asegurarse de que haya un precio por violar el derecho internacional. Sin embargo, debemos mirar el panorama más amplio. El total desprecio de Israel por el derecho internacional en su ofensiva militar en Gaza ha erosionado aún más su imagen y hoy es visto por muchos como un Estado paria. La movilización pública contra la guerra, los campamentos en las universidades de EE. UU. y otras partes del mundo dan testimonio de ello. Hoy en día, cada vez más académicos y activistas utilizan el marco del apartheid para describir el gobierno de Israel sobre los palestinos. Hay un cambio de paradigma en la conceptualización de la cuestión palestina. Entre los activistas jóvenes hay una nueva generación que es crítica con el concepto de «negociaciones de paz»; ven a Israel como un Estado colonial de asentamientos, por lo tanto, hablan de descolonización.
Un fallo final sobre si Israel ha violado la Convención contra el Genocidio puede tardar años y además, en el caso de producirse, no será vinculante. Ante estos hechos, ¿cómo se pueden detener las matanzas de civiles en Gaza? ¿Los esfuerzos diplomáticos están dando algún resultado?
El fallo de la CIJ en el contencioso caso presentado por Sudáfrica es vinculante. Eso no significa que Israel lo respete, pero es vinculante y, en principio, el incumplimiento puede desencadenar una acción en el Consejo de Seguridad. También es importante destacar que, si la corte encuentra a Israel responsable de la violación de la Convención sobre el Genocidio, puede ser fundamental para organizar otros mecanismos legales. Los procedimientos en la CIJ son de carácter civil. Una decisión favorable podría alentar a las víctimas a buscar recursos civiles en el extranjero en jurisdicciones extranjeras que reconozcan la jurisdicción universal civil. Según el derecho internacional, los tribunales pueden ejercer la jurisdicción universal adjudicativa sobre demandas civiles por agravios, incluidas las basadas en genocidio, sin exigir un vínculo entre el agravio o el crimen subyacente y el Estado del foro.
En el ámbito del derecho penal, un fallo de la CIJ puede ejercer presión sobre la Corte Penal Internacional (CPI) para que proceda más rápidamente con su investigación sobre la denuncia de genocidio u otras violaciones graves del derecho internacional. También puede crear un entorno favorable que aliente a las víctimas a recurrir a la justicia penal apelando a las leyes de jurisdicción universal para iniciar procedimientos penales en el extranjero contra los presuntos autores.
Estamos hablando de consecuencias a largo plazo, pero, como usted sugiere, la prioridad ahora debería ser poner fin a esta violencia apocalíptica. Esto sólo se puede lograr mediante la acción política, especialmente por parte de los países occidentales que históricamente han brindado a Israel un apoyo incondicional, permitiendo así este ciclo de violencia e impunidad.
¿Cuál es el futuro que le espera a la población palestina cuando cese la ofensiva militar, tras la destrucción de sus hogares, ciudades y medios de vida y el éxodo de quienes han conseguido huir a otros países?
Israel ha convertido a Gaza en un lugar inhabitable para las generaciones futuras. Ha destruido por completo todas las infraestructuras: no hay hospitales, escuelas, universidades, bibliotecas, ni comercios. La guerra en curso contra Gaza ha causado graves daños medioambientales, que afectan al aire, el agua y la tierra, por no hablar de la destrucción de granjas y tierras agrícolas. Ya estamos viendo las consecuencias, entre ellas, la poliomielitis. Lo triste es que toda esta destrucción podría haberse evitado. Esta destrucción no fue causada por un desastre natural, sino por un Estado que ha disfrutado de total impunidad por sus continuas violaciones del derecho internacional, mientras disfruta del apoyo incondicional de los países occidentales. Todos los debates sobre escenarios futuros para Gaza que no incluyen exigir responsabilidad, justicia y reparación por los crímenes cometidos contra los habitantes de Gaza contribuyen aún más a deshumanizar a los palestinos y a devaluar su vida.
Por María Gilabert Almagro
Responsable de la revista Casa Mediterráneo
